La AI presenta soluciones para el modelo de regulación de Internet actual

En España actualmente alrededor de 1,6 millones de usuarios acceden a Internet mediante ADSL pagando unos 39 euros al mes por un ancho de banda de 256/128 kbps, lo que lo convierte en el servicio más caro y lento de toda Europa.

A pesar de las facilidades que dan la Administración y el órgano regulador CMT, el Foro Económico Mundial (WEF) dice sobre el modelo de liberación español que nuestro país ocupa el decimocuarto lugar del ranking mundial en cuanto a coste de la telefonía, mientras que se retrasa hasta el puesto vigésimo noveno en cuanto a competencia en el sector de telecomunicaciones. En el diagnóstico del foro, se repite la misma causa: el rígido sistema de fijación de precios con el que la Administración actúa respecto al operador de referencia.

Dada la situación, es lógico que cinco años después de la entrada en vigor de la línea ADSL nos encontremos en una situación igual o peor que al principio: en aquel momento las líneas ADSL dependían de Telefónica, y hoy día aún dependen de esa compañía, sólo que existen múltiplas compañías tanto de telefonía fija como de servicios de Internet revendiendo el ADSL que ofrece Telefónica sin poder acceer a la mejora de precio que supone el libre ejercicio de la competencia.

En cuanto a precios, Telefónica debe vender al mayorista su servicio a un precio un 40% inferior al que lo vende al usuario final, lo que quiere decir que el usuario está financiando con 17 euros mensuales la liberalización.

En cuanto a calidad en el servicio, la nula existencia de algún tipo de regulación obliga al usuario a acudir a los tribunales ordinarios para solucionar los conflictos. Además, los usuarios padecen la inexistencia de servicios postventa en la mayoría de los revendedores, ya que estos últimos se preocupan más en captar clientes mediante publicidad que en mejorar sus infraestructuras.

Para solucionar esto, la Asociación de Internautas propone un nuevo modelo de regulación para Internet que fomenta la competencia, lo que se traduce en una mejor calidad de servicio y una bajada de precios. También deberían estar obligados los operadores a respetar los compromisos de inversión para la creación, gestión y mantenimiento de la infraestructura, establecer unos precios máximos y basar sus contratos en la libertad contractual sin penalización alguna.

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